El Gobierno avanzó hoy martes 15 de octubre con la auditoría a las universidades públicas, en medio del recrudecimiento del conflicto universitario, al modificar una resolución del ex Procurador de la Nación, Carlos Zannini. De este modo, ahora permitirá que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sea la que audite a estas casas de altos estudios.
La pregunta que muchos se hacen es por qué no tomaron esta decisión antes de lanzarse contra las universidades bajo el argumento de que no se dejan auditar (aunque sí eran auditadas por la AGN) porque se financian "curros". En rigor, las motivaciones oficialistas para el ajuste a las universidades fueron mutando según conveniencias y desmentidas.
La queja del Gobierno por las auditorías vino después de haber hecho el ajuste y el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, como una justificación para la decisión presidencial. Javier Milei también dijo que sólo los ricos asisten a las universidades públicas financiados por pobres que no acceden a la educación superior (algo que es desmentido por los datos oficiales); y también que es "un obstáculo para la movilidad social ascendente" (algo que va en contra de lo que considera la mayoría de los argentinos, según la encuesta de Zubán Córdoba).
En este contexto, hoy la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, emitió un dictamen que vuelve a cambiar la interpretación sobre las auditorías en las universidades. El sistema de control sobre las casas de altos estudios incorporará nuevamente a la SIGEN sin necesidad de un convenio específico con cada institución.
“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, señala el Dictamen de Barra.
Para Barra, “de modo alguno podría interpretarse que el marco normativo veda a la SIGEN a ejercer el control interno”, ya que el hecho de que la Ley de Educación Superior prevea expresamente que todas las universidades “deben generar mecanismos de auditoría interna”, no implica que el organismo no pueda cumplir también ese rol. “Ello no solo no surge de la norma, sino que tampoco sería incompatible uno y otro control, que se encuentran presentes –ambos– en la mayoría de los entes descentralizados o autárquicos”, remarcó el procurador del Tesoro.
En tanto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro "Galleguito" Álvarez salió a celebrar la resolución
Cabe recordar que antes de 2022, las universidades tenían mayor grado de control por parte de la SIGEN. En noviembre de dicho año, Zannini resolvió que a las universidades nacionales no se les debía aplicar el artículo 100 de la ley de Administración Financiera (cuyas disposiciones abarcan a toda la administración nacional, incluidos los entes públicos con autarquía financiera), debido a un artículo incluido en el presupuesto de 2020. El efecto de esta interpretación resultó en que las universidades sólo podían ser auditadas cuando la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso lo dispusieran. En 2023, el entonces ministro de Educación Jaime Perzyck había firmado un convenio con la SIGEN por el que comenzó un esquema optativo por parte de las casas de estudio, que podían solicitar auditoría por parte del organismo. Ahora, con esta resolución, que da respuesta a un requerimiento de la Secretaría de Educación que había pedido autorizar el contralor mediante el organismo del Ejecutivo, las auditorías pasarán a ser ejecutadas por la SIGEN.
Fuente: Urgente 24
