El actual escándalo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que estalló a partir de denuncias de coimas, auditorías desorganizadas y acusaciones de falsificación de certificados médicos, revive un caso que en Misiones había generado ruido hace exactamente una década. La protagonista de aquel episodio fue Mabel Cáceres, entonces intendenta de Santo Pipó y hoy diputada provincial renovadora, figura con peso dentro del esquema de poder de la provincia.
En abril de 2015, los diputados radicales Gustavo González y Luis Pastori denunciaron públicamente la entrega irregular de pensiones no contributivas en Santo Pipó. Según la investigación, 48 familiares y allegados directos de Cáceres figuraban como beneficiarios de las ayudas nacionales, pese a no cumplir con los requisitos legales. Entre ellos estaban su esposo, su hermana, su cuñado, una sobrina y hasta una consuegra.
La denuncia sigue estando publicada en el Diario El Territorio:
La mecánica, según los denunciantes, era la falsificación de certificados médicos de invalidez, lo que permitía acceder al beneficio económico de 2.476 pesos mensuales. En total, se estimaba que la maniobra le costaba al Estado más de 1,4 millones de pesos al año. El caso guardaba similitudes con lo ocurrido en Candelaria, donde también se comprobó la utilización de firmas y sellos médicos adulterados.
“En Santo Pipó es vox populi que las personas allegadas a la intendente cobran dinero del Estado sin realizar ningún tipo de trabajo o contraprestación”, dijo en ese entonces González, que además advirtió sobre un “verdadero escándalo de corrupción de millones de pesos” al sumar las irregularidades de distintos municipios.
Diez años después, la trama vuelve a adquirir relevancia. En un contexto donde el gobierno nacional enfrenta denuncias de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados, y Misiones se ve atravesada por auditorías polémicas que desatan la indignación de vecinos, el recuerdo de aquellas “pensiones truchas” en Santo Pipó golpea de lleno a Cáceres.
La diputada renovadora se mantiene en la primera línea de la política provincial, pero las denuncias de 2015 nunca fueron desmentidas ni aclaradas de manera contundente. Hoy, su figura aparece inevitablemente asociada a un pasado de manejos cuestionados en el mismo sistema de pensiones que vuelve a ser centro de escándalos a nivel nacional.
El interrogante que queda abierto es si la historia se repetirá: ¿quedarán otra vez en la nada las denuncias, o esta vez la lupa judicial y social avanzará también sobre los casos que Misiones arrastra desde hace una década?
