Así quedó establecido en la Resolución 82/2024, publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo María de la Torre.
En tanto, se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano a «notificar la presente medida a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Se trata de un total de 22.501 titulares del programa Potenciar Trabajo, que perdieron «su condición de vulnerabilidad social» teniendo en cuenta «el volumen de los movimientos migratorios de cada beneficiario», se indica en los considerandos de la norma publicada este viernes.
Según se recuerda en el texto, el 5 de octubre de 2023 -durante la gestión anterior- la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) formuló una denuncia contra los funcionarios responsables del otorgamiento y contralor del Programa Potenciar Trabajo y solicitó la suspensión o baja de planes sociales de beneficiarios que registraban viajes al exterior.
De esta manera quedó radicada una causa por supuesto «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” en la secretaría Nro. 2 del Juzgado Federal Nro. 1, con intervención de la Fiscalía Federal 5.
Luego, el 22 de noviembre de 2023 se libró un oficio al entonces Ministerio de Desarrollo Social -que encabezaba Victoria Tolosa Paz- para «determinar quienes se encuentran cumpliendo los requisitos de compatibilidad e incompatibilidad para ser beneficiario del mismo, así como todos los datos personales y laborales de los responsables de dicha área, desde el día de creación del beneficio mencionado hasta la actualidad», una solicitud que fue reiterada el 28 de diciembre de 2023, ya con el nuevo gobierno.
Según se detalla en la resolución, el 9 de enero pasado, el ministerio realizó una presentación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8, de la ciudad, en donde «se requirió autorización para el acceso a la Base de Datos del entrecruzamiento de los movimientos migratorios de los Beneficiarios del Potenciar Trabajo» y la justicia libró un oficio autorizando el acceso al entrecruzamiento.
En ese entrecruzamiento de datos, se analizó que los viajes detectados hayan sido «mayor a 30 días a cualquier destino, y/o que el viaje haya sido en avión o crucero y/o que el destino del viaje haya sido fuera de la región de Latinoamérica».
La resolución indica que los beneficiarios afectados pueden presentar un reclamo respaldado por la documentación correspondiente, que será evaluada por las autoridades.
Si cumplido el plazo de tres meses desde la suspensión no se presentó ningún reclamo, se resolverá el egreso del programa social.
