La protesta se hará el jueves 26 y el viernes 27 de junio. La primera jornada incluirá una movilización nacional de antorchas, mientras que el viernes se desarrollarán clases públicas en todo el país.

En la antesala del debate legislativo por un nuevo proyecto de financiamiento universitario, docentes y trabajadores no docentes confirmaron un paro nacional de 48 horas y una nueva Marcha Federal Educativa. Las medidas fueron anunciadas como respuesta al ahogo presupuestario que atraviesa el sistema universitario público.

Las medidas fueron acordadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y otras organizaciones del sector, en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas.

La tensión se reaviva en el marco del debate que se dará en el Congreso el próximo 2 de julio, cuando se tratará un nuevo proyecto de ley para aumentar el presupuesto universitario. La iniciativa busca reemplazar a la norma aprobada en octubre de 2024, que fue vetada por el presidente Javier Gerardo Milei bajo el argumento del impacto fiscal negativo en el objetivo oficial de alcanzar el “déficit cero”.

Desde CONADU emitieron un comunicado titulado “Las universidades no se rinden ante la asfixia”, donde señalaron una situación financiera “crítica” que compromete salarios, becas y el funcionamiento de las casas de estudio. También demandaron mayor inversión en ciencia y tecnología.

La CONEAU, por su parte, propuso que los fondos para el sistema universitario surjan de la coparticipación federal y de una reasignación de partidas, anticipándose al argumento central del veto presidencial: la falta de una fuente clara de financiamiento. En ese sentido, los impulsores del proyecto remarcaron la necesidad de transformar la educación superior en una política de Estado, con un crecimiento sostenido de la inversión hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031.

“El planteo es que, si el país crece, también lo hagan las universidades”, señalaron en el documento.