Por Augusto Taglioni*

Maduro firmó en su asunción el fin definitivo de la democracia venezolana. El dilema del progresismo.

Nicolás Maduro cruzó el Rubicón. Las fraudulentas elecciones del 28 de julio, la negativa al requerimiento de observadores internacionales y líderes aliados como Lula y Gustavo Petro para presentar el acta lo pone por primera vez desde su llegada al poder en 2013 como un presidente que asume el poder sin ser votado para el cargo.

Venezuela siempre fue parte de acalorados debates en torno a la transparencia, estilos, maniobras y la idea de autoritarismo competitivo pero que se revalidaba por las urnas. El propio Maduro pudo confirmar su ajustada victoria contra Henrique Capriles en 2013 y tuvo el argumento del abstencionismo en 2018 cuando la oposición mayoritaria se retiró de la contienda.

Ahora no hay elementos para confirmar su supuesto triunfo. Participaron todas las fuerzas políticas bajo las reglas del régimen, superaron la proscripción de María Corina Machado y lograron jugar en una cancha inclinada alcanzando una participación altísima. De los dos candidatos, solo uno presentó las actas y ese fue González Urrutia.

El chavismo apeló al sabotaje de hackers de Macedonia del Norte, mostró números que no queda claro de donde salieron y judicializó los resultados ante la Corte Suprema cuando el organismo responsable es el Consejo Nacional Electoral.

El escenario es similar al de 2019 con Juan Guaidó pero con la oposición con menos poder porque no controla ningún poder del estado pero probablemente con un fracaso similar a menos que haya una ruptura dentro de las Fuerzas Armadas, el único actor en el tablero venezolano capaz de forzar un cambio de dirección. Hay malestar pero nadie se anima sacar la cabeza porque siguen siendo minoritarios.

Lo cierto es que la derecha encontró en la situación venezolana una excusa perfecta para demonizar a la izquierda. La izquierda y el progresismo caminan por el mismo laberinto de los últimos 20 años. En ese sentido se pueden diferenciar tres grupos bien marcados: los que no quieren romper pero toman distancia como Brasil, Colombia y en menor medida, México, los aliados incondicionales como Cuba, Nicaragua y Bolivia y quienes acusan a Maduro de dictador como el chileno Gabriel Boric. En esa ensalada transita el progresismo.

El caso de Brasil es una retirada lenta pero constante. Lula pidió volver al diálogo pero gran parte de los dirigente del Partido de los Trabajadores y aliados han calificado a Venezuela de dictadura. Esto seguirá pasando aunque el país no rompa relaciones con Caracas.

En efecto, los que justifican la desaparición de personas, persecución y el fraude están abrazados en la nostalgia de lo que alguna vez fue, las relaciones históricas con Chávez y la narrativa que la derecha es peor y María Corina Machado es una líder ultraderecha disfrazada de demócrata. Esto último puede que sea cierto pero es gracias a la obra y gracia de Maduro que volvió a una referencia marginal amiga de Estados Unidos en la única esperanza para recuperar la democracia.

En silencio reconocen que la falta de democracia es parte de la lucha política y las revoluciones no pierden elecciones. Cubanizar Venezuela para evitar la llegada de la derecha y criticar a los progresistas tibios que no saben nada de la política real y la pelea por el poder.

Lo cierto es que la Venezuela de Chávez no existe más, sus logros se esfumaron al calor de la represión y la quita de derechos. Negarlo es insólito. El proceso está a la vista, es un paso progresivo de un proyecto con legitimidad electoral y democrático que se fue autocratizando para volverse una dictadura lisa y llana sostenida por una mesa de cinco burócratas y las Fuerzas Armadas. Esto se firmó en la asunción de Maduro.

*Artículo publicado en La Política Online