El empresario Eduardo “Teddy” Taratuty, presidente de London Supply y principal responsable del Duty Free Shop de Puerto Iguazú, continúa atravesando un complejo frente judicial que lo obliga a solicitar autorización cada vez que desea salir de la Argentina, incluso para viajes de corta duración a países limítrofes. Así surge de resoluciones del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, donde se tramita el juicio oral —actualmente demorado, pero vigente— por la supuesta adjudicación irregular de la concesión de Puerto Pañuelo, en Bariloche.
El procesamiento de Taratuty está firme por la Cámara Federal de Casación Penal, y tanto él como exdirectivos de la Administración de Parques Nacionales integran la nómina de imputados por “negocios incompatibles con la función pública”, una causa que lleva años y que aún espera fecha para reanudarse en etapa de debate.
Autorizaciones constantes para viajar
Según el expediente al que accedió este medio, el Tribunal autorizó recientemente una nueva prórroga de viaje solicitada por la defensa del empresario. Taratuty estaba habilitado a permanecer en Estados Unidos hasta el 17 de diciembre, pero pidió retomar al país recién el 24. Este permiso fue concedido por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, quienes además le otorgaron la posibilidad de entrar y salir de la Argentina hacia Uruguay cuantas veces sea necesario entre el 24 de diciembre y el 15 de marzo de 2025, por vía aérea, terrestre o fluvial.
Pese a que goza de libertad provisoria, Taratuty debe cumplir cada trámite migratorio con autorización expresa del Tribunal, que le exigió también presentarse dentro de las 48 horas posteriores a su regreso para acreditar su retorno.
No es la primera vez que el empresario solicita permisos especiales: ya había obtenido autorizaciones para viajar a Perú, Ecuador, Estados Unidos e incluso para vacacionar en Punta del Este, en medio de un proceso que continúa abierto y sin resolución.
Un empresario rodeado de controversias
London Supply, la compañía que maneja el Duty Free Shop de Iguazú, no solo enfrenta el juicio por Puerto Pañuelo. La firma también estuvo señalada en otros expedientes judiciales relevantes, entre ellos el caso Ciccone Calcográfica, donde uno de sus accionistas aportó fondos para levantar la quiebra de la imprenta en el proceso por el cual fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou.
En Misiones, además, la empresa enfrenta una acción judicial iniciada por un comercio privado de Iguazú, que presentó cartas documento al Comité de Vigilancia de la Zona Franca y al Ministerio de Economía para frenar la prórroga de la concesión. El planteo principal: que los decretos que permiten el régimen impositivo diferencial del Duty Free son inconstitucionales, ya que el Poder Ejecutivo no puede otorgar exenciones impositivas sin intervención del Congreso.
La demanda fue presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 e incluso el fiscal Miguel Ángel Gilligan avaló que la causa se tramite en los tribunales federales de CABA, por tratarse de actos dictados por autoridades nacionales.
Un negocio que divide a Iguazú
El Comité de Vigilancia —donde participan representantes del Gobierno de Misiones, el municipio, la CEM y la CGT— ya avaló la extensión del contrato por diez años más, y cinco adicionales por la pandemia. Resta solo la firma del Ministerio de Economía para que London Supply mantenga el control del predio hasta 2045.
El comercio denunciante, Comercial San Nicolás SRL, sostiene que la zona franca minorista genera competencia desleal, afecta al empresariado local y se sostiene en normas cuestionables: un decreto firmado en 2002 por Roberto Lavagna que exime del IVA a los consumidores argentinos dentro del Duty, pese a que la legislación tributaria solo puede modificarse por ley.
Documentos del propio Ministerio de Economía respaldan este criterio, advirtiendo desde 2002 que el Ejecutivo “no puede prever exenciones impositivas ni siquiera vía DNU”.
Un juicio pendiente y un futuro incierto
Mientras la Justicia mantiene en pie el procesamiento del empresario y avanza —aunque lentamente— el juicio oral, Taratuty sigue administrando uno de los negocios más rentables de la frontera misionera y continúa acumulando autorizaciones especiales para viajar al exterior.
El expediente por Puerto Pañuelo sigue esperando su turno y, aunque aún no tiene fecha, el procesamiento firme de Casación y la continuidad de las medidas cautelares mantienen al dueño del Duty Free bajo la lupa judicial, obligado a pedir permiso cada vez que cruza una frontera.
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