El requerimiento fue presentado por integrantes de la Asociación Civil Crecer,-oriunda de Jardín América-, a la Mesa Interinstitucional del dialogo y el consenso en el marco de una reunión realizada en la Defensoría del Pueblo de Posadas, que contó con la presencia de su titular, Alberto Penayo, la ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Marchesini, la titular del Consejo Provincial de la Discapacidad, Marcela Álvez; el diputado provincial Martín Sereno (PAyS), el representante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Lagardo, Mónica Messinger y Graciela Álvez Reze de la Asociación Civil Crecer, dirigentes del partido político Arandú, asociaciones y organizaciones vecinales, entre otros.
De esta manera, luego de escuchar a las familias y asociaciones que plantearon la problemática, así como de analizar la documentación sobre denuncias presentadas desde al menos hace cuatro años atrás ante distintos organismos, se resolvió trabajar en la creación de un protocolo para actuar ante estos casos.
Por su parte, Lagardo –de la CNRT-, se comprometió a disponer de las sanciones correspondientes ante las denuncias recibidas en la Mesa Interinstitucional por incumplimientos por parte de la empresa Río Uruguay, a la vez que se acordó la implementación de un libro de quejas en cada uno de los municipios misioneros a los fines de que el usuario pueda recurrir y dejar sus denuncias o reclamos, este libro sería custodiado por las autoridades municipales.
En tanto que, desde la Defensoría del Pueblo de Posadas, Penayo indicó que se harán públicas todas las denuncias y sanciones recibidas por las empresas de transporte ante el incumplimiento con su deber y el servicio que están, por ley, obligados a prestar.
En cuanto a la situación particular de los vecinos de Jardín América, la titular del Consejo Provincial de Discapacidad, prometió donar un vehículo para transporte de personas discapacitadas al Municipio.
Desde hace varios años, vecinos de distintas localidades de la provincia están reclamando por la falta de acceso real (por más que las leyes lo prevean) de las personas discapacitadas al transporte público tanto urbano como interurbano, no obstante hasta el momento todos los esfuerzos han sido infructuosos.
Los planteos fueron en varios sentidos, por un lado, la negativa de los choferes y/o guardas de las empresas de transporte cada vez que un discapacitado quiere viajar bajo el pretexto de que ya completaron el cupo, o bien pidiendo mayor documentación que sólo el carnet de discapacitado (lo cual por ley es aval más que suficiente).
Por otra parte, en muchas localidades como específicamente Jardín América, la gran mayoría de las empresas de transporte interurbano no paran en la Terminal, sino que lo hacen en plena ruta, lo que no sólo limita el acceso a las personas con discapacidad, sino además a adultos mayores, mujeres embarazadas o con niños, y representa un gran riesgo para absolutamente todos que están expuestos.
La próxima reunión será el 12 de marzo a las 10, también en la sede de la Defensoría del Pueblo de Posadas, y de acuerdo a lo consignado en el acta, junto a los ítems precedentes, también se acordó trabajar sobre las problemáticas de salud, educación y vivienda; entre otros.
Fuente: Área de Comunicación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas