El gobierno de Javier Milei solicitó a la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen venezolano. La petición, firmada por la canciller Diana Mondino, se basa en violaciones a los derechos humanos y se enmarca en una ofensiva diplomática internacional.

La canciller Diana Mondino envió una solicitud a la CPI para que se disponga el arresto de los líderes del régimen venezolano, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, debido a violaciones a los derechos humanos. Este pedido se basa en el artículo 58 del Estatuto de Roma y se enmarca en una ofensiva diplomática del gobierno de Javier Milei.

La canciller Diana Mondino firmó una carta dirigida al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, instando a la emisión de “órdenes de arresto contra autoridades venezolanas, incluyendo a Nicolás Maduro”. La petición se fundamenta en el artículo 58 del Estatuto de Roma, que regula la normativa sobre las “órdenes de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares”.

Según esta normativa, se puede dictar una orden de detención si hay motivos razonables para creer que la persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte y si su detención es necesaria para asegurar su comparecencia, evitar la obstrucción de la investigación o prevenir la comisión de nuevos crímenes.

Antecedentes y contexto

El gobierno argentino considera que la evidencia en la causa es suficiente para solicitar la detención de los líderes del régimen venezolano. En abril pasado, la justicia argentina reabrió una causa por la responsabilidad del gobierno de Maduro en crímenes contra la humanidad, basada en el “principio de jurisdicción universal” y “de competencia extraterritorial”.

Esta decisión se tomó después de una fuerte ofensiva diplomática en foros internacionales y tras el regreso de Argentina al proceso impulsado en 2018 por varios países, que había sido abandonado durante la gestión de Alberto Fernández.

La decisión de solicitar la detención de Maduro se inscribe en una ofensiva internacional del gobierno de Javier Milei. En el Consenso de Brasilia, un organismo sucesor de la UNASUR, la representación argentina propuso una cláusula democrática que podría llevar a la expulsión de países que vulneren principios democráticos. Este planteo se realizó también en la CELAC por la delegación argentina encabezada por Mariano Vergara. Los cuestionamientos se centraron en las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

“El pedido de detención no sólo tiene que ver con las anteriores violaciones a los derechos humanos que ya están siendo investigadas, sino a los nuevos episodios gravísimos que ocurrieron después de las elecciones fraudulentas. Hubo graves episodios que deben ser investigados y sus responsables condenados”, explicó una fuente oficial.

Informes de violaciones a los derechos humanos

Un informe de expertos convocados por la OEA señaló que más de 1.300 personas habían sido detenidas por su oposición política al régimen de Maduro. El documento destacó un “patrón generalizado y sistemático de abuso” dirigido a un segmento identificado de la población civil venezolana, incluyendo persecución política, acoso a estudiantes y miembros de las fuerzas armadas, y la comisión de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Desde 2015, se identificaron 8.292 ejecuciones extrajudiciales y más de 12.000 detenciones arbitrarias.