El Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) emitió un comunicado donde expresó su profunda preocupación “frente a los avances autoritarios del Estado Nacional que afectan el libre ejercicio del periodismo en la Argentina”.
Desde este espacio académico dedicado a la formación de profesionales de la comunicación, se advirtió sobre la gravedad de decisiones políticas y jurídicas que buscan instaurar mecanismos de censura previa y prácticas de amedrentamiento contra trabajadores y trabajadoras de prensa.
La libertad de prensa en el marco constitucional
En el documento difundido, la Facultad remarcó que estas acciones no solo afectan de manera directa la labor periodística, sino que además vulneran principios fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y por tratados internacionales firmados por la Argentina.
El comunicado subraya que la circulación de información e ideas es un pilar esencial para el debate público en una sociedad democrática y plural, y que resulta clave para garantizar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones y en la administración de los bienes del Estado.
Casos denunciados por periodistas
El pronunciamiento hizo referencia a los hechos denunciados recientemente por los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro, junto a su equipo de trabajo, que tuvieron un fuerte impacto público.
Según el texto, la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional fue la solicitud de una medida cautelar que un juez federal en lo Civil y Comercial aprobó, a pesar de enfrentar denuncias en el Consejo de la Magistratura, entre ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La resolución buscó impedir la difusión de grabaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción.
Además, se mencionó el pedido de allanamientos en los domicilios de Federico, Jorge Rial, Pablo Toviggino y otras personas señaladas por difundir audios de interés público.
Posición de la Universidad Nacional de Misiones
El Departamento de Comunicación Social de la UNaM reafirmó que la difusión de grabaciones vinculadas a denuncias de corrupción en la función pública y en el sector privado no debe combatirse mediante la censura ni la persecución judicial de periodistas, sino a través del fortalecimiento de los mecanismos de control ciudadano y judicial.
En el cierre del comunicado, se enfatizó:
“La libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información son un derecho humano que no es negociable. Su defensa es esencial para el sostenimiento del sistema democrático y el respeto de los derechos fundamentales”.
