Universitarios anunciaron un paro nacional para el próximo 6 de agosto

La medida fue anunciada por la CONADU y la CONADU histórica en su congreso extraordinario, con la presencia de 24 asociaciones de base y 90 congresales.
Además, convocó a una marcha nacional universitaria de docentes, estudiantes y no docentes “en defensa de la universidad pública y contra el ajuste”.
La continuidad de la medida será evaluada en un nuevo Congreso Nacional Extraordinario que tendrá lugar el viernes 10 de agosto.
Esta medida fue anunciada en un acto junto a las autoridades de la CONADU: “Luego de haber desenvuelto un plan de lucha con 19 días de paro hasta el momento, dos marchas nacionales y múltiples actividades en todo el país, la resolución de no comenzar el segundo cuatrimestre expresa el hartazgo y bronca de la docencia universitaria y preuniversitaria que desde noviembre tenemos congelado nuestro salario, que como “propina” se nos ha dado un adelanto del 5%, y que desde hace 60 días el Gobierno nacional y los rectores no convocan a la comisión paritaria del sector”, advirtieron desde la CONADU Histórica.
En tanto, desde la CONADU indicaron que “el Gobierno no tiene voluntad para discutir una propuesta salarial distinta al 15% de aumento que ya nos hizo en marzo”.
Ambos gremios ratificaron su pedido del 25% (CONADU) y el 30% (CONADU Histórica) de aumento salarial, con cláusula gatillo, y rechazaron cualquier ajuste a las universidades.
Retraso de los fondos
El 6 de julio, el día que asumió el Rectorado, Alicia Bohren confirmó que esa semana la UNaM había recibido de la Nación media cuota de financiamiento correspondiente a febrero. “Vamos a seguir dialogando, demandando y reclamando los recursos que nos corresponden y están aprobados por ley”, anticipó entonces.
En tanto, según aseveraron desde el Ministerio de Educación nacional a los medios de prensa, el último jueves se “normalizaron los pagos de febrero y marzo”.
A la vez, dijeron que buscan “reordenar las prioridades” en cada universidad para “seguir avanzando en las políticas más importantes” que han encarado, como los nuevos sistemas de equivalencias para reducir la deserción o la detección de “áreas de vacancias” donde se requieren profesionales.
Vale recordar que estos fondos de funcionamiento atrasados están destinados al sostén de los comedores, las extensiones universitarias y el pago de servicios, entre ellos la energía eléctrica.