Opiniones Nacionales

Policía, justicia e inseguridad

Por Marcelo H Echevarría*

Por primera vez opinaré no solo como abogado, sino como ex funcionario del gobierno nacional.

La antedicha autorreferencia nace a fin de otorgarle legitimación a lo que expondré seguidamente.

Conozco por mi profesión desde 25 años atrás la esencia de nuestras fuerzas de seguridad y, aún más, al asumir funciones, donde conviví todos los días con sus autoridades, y, hasta la fecha, que mantengo un inquebrantable vínculo con todos ellos.

Cuando hablamos de inseguridad, automáticamente lo asociamos a nuestra policía.

Policía es todo aquel laburante que sale a la calle a cumplir con su vocación de cuidarnos, acompañado siempre por su gran amiga, la incertidumbre.

No sabrán si durante la jornada de trabajo acudirán a determinados lugares por una incidencia familiar, un accidente, una persecución, un allanamiento, un operativo por venta o cocina de drogas o ante una llamada que le notifican “autores en el lugar” (sinónimo de alta probabilidad de enfrentamiento armado).

Ese hombre o mujer que a diario vemos que circula dentro de un auto patrullero, en moto o a pie, no cobra mayor salario de bolsillo que quien realiza un oficio, o el de una maestra de escuela pública o el de un empleado administrativo.

La policía que vemos a diario se compone de hombres y mujeres con altísima vocación de servicio que cumplen un plan prevencional elaborado desde su superioridad tomando en cuenta lo siguiente:

Capacidad operacional: consiste en el numerario o agente que sale a la calle debidamente capacitado, no solo en el manejo del arma, sino en cómo afrontar situaciones críticas, la empatía hacia la víctima, la contención a familiares ante un hecho traumático, la rapidez en ejecutar decisiones, entre otros.

Medios desplegados para el plan operacional: son los elementos con que se cuenta para llevar adelante la labor policial (móviles, cantidad de personal afectado, partida presupuestaria asignada, armamento, etc.).

Un plan de seguridad óptimo es el que cuenta con eficiente capacidad operacional y los medios suficientes para el objetivo propuesto.

Luego, entra en juego la política criminal y es aquí donde el sistema falla.

Detienen a un peligroso delincuente luego de una ardua labor policial y, al poco tiempo, sale en libertad; o un individuo es detenido, posee antecedentes de entradas previas por decenas de veces en el año y, a pesar de sus reincidencias, lo liberan.

O, como sucedió en CABA, detienen a un ladrón “in fraganti” recién salido de la cárcel de Marcos Paz por gozar del beneficio de detención domiciliaria por Coronavirus y, éste, riéndose, le dice a la autoridad policial, “Que me importa que me lleven preso, igual mañana me voy de nuevo” .

Entonces: ¿Quién es responsable de la inseguridad? ¿La policía que detiene o el juez que libera delincuentes?

¿Pueden llegar a evidenciar el divorcio entre sociedad y justicia?

Cuando suceden eventos trágicos, en donde la víctima que mata un delincuente es procesada y a veces encarcelada caratulando el hecho como exceso en la legítima defensa (como sucedió recientemente con un jubilado en Quilmes o el médico que mató a un delincuente en el partido de San Martín en ambos casos evitando una entradera, entre otros) y la causa llega a debate oral, las defensas técnicas siempre optan que sus defendidos sean juzgados por jurados populares y no por los jueces.

O sea, prefieren que sean sometidos al veredicto de culpabilidad por sus propios conciudadanos y no por la autoridad judicial.

El jurado popular comprendería su conducta (porque la vive a diario) y, consecuentemente, tendría altas posibilidades de ser sobreseído, mientras que, si los juzga el juez, sería altísimamente probable que la decisión final sea un fallo condenatorio.

La “puerta giratoria” supera a cualquier plan de seguridad y no es atribuible a la denominada “grieta”, sino que viene de mucho tiempo atrás y, mientras persista, la situación de inseguridad empeorará.

Valoremos a nuestra policía y fuerzas federales con sus virtudes y defectos, porque ellos no son los responsables de la inseguridad.

Muchas veces trabajan atados de pies y manos cuidando de no rasguñar a un delincuente que porta una escopeta o un arma de grueso calibre, evitando así caer en manos de unos pocos magistrados (reitero, son una selecta minoría) y le abran una causa en atención al “brutal accionar policial” producto de ese rasguño de una lucha cuerpo a cuerpo.

Mientras ese delincuente gozará de libertad en cuestión de horas y, quizás, reincida delinquiendo, el agente soportará un proceso judicial en su contra y, muchas veces, su legajo o carrera se encontrará manchada por esa circunstancia.

Por lo tanto, la política criminal es en gran parte la responsable de la inseguridad.

Aquel que libera peligrosos delincuentes le envía un claro mensaje a la sociedad, admitiendo su total indiferencia por la seguridad de la ciudadanía.

Esa conducta indiferente es la que acarrea que usted señora o señor no duerma tranquilo, o salga a la calle intentando disfrutar en familia un día precioso de sol, o caminar por su vereda y termine siendo encañonado, herido, mutilado o asesinado aunque sea, solamente, para robarle un mísero celular.

Ex Director General de la Caja de la Policía Federal Argentina, (2014 a 2017)- Ministerio de Seguridad, Presidencia de la Nación. Abogado (UBA)- Especialista en Derecho Penal (UB)- Autor e Investigador de Derecho Penal en Argentina y en España.

Agradezco al Diario Regional de Pilar y a su Director Sergio Abrate la publicación de esta columna. Sin perjuicio que la misma se publique en un futuro en medios nacionales y provinciales, accedí a la invitación  de este reconocido medio periodístico pilarense (dado que es la localidad donde vivo) a modo de punto de partida para que se les reconozca  en todo el país la vocación de servicio de nuestra policía y fuerzas de seguridad con la finalidad que no se las vincule con la inseguridad.