Opiniones Nacionales

La pelea de la semana

Por Beatriz Sarlo*

En una carta abierta, Hebe de Bonafini se manifestó “ofendida y dolida” con Alberto Fernández. La causa de tal estado de ánimo fue que el Presidente hubiera recibido, nada menos que el 9 de Julio, a legisladores de Juntos por el Cambio, sin sumar a representantes de la izquierda a la reunión. Con su habitual sectarismo, Bonafini escribió: “¿Pero quién gobierna, Fernández, quién gobierna? Si no quieren venir, que no vengan. Que venga la izquierda nada más”. Desde Madres Línea Fundadora, Taty Almeida consideró “lamentable” la posición de Bonafini. Sin embargo, Nora Cortiñas, también de Línea Fundadora, puso en la picota a varios de los que participaron de la reunión y, especialmente, a Felipe Solá, responsable, a su juicio, del asesinato de Kosteki y Santillán. Nora Cortiñas dejó en claro su reproche, que tomo de Perfil. “Yo no sé quiénes estuvieron en esa reunión. Pero puedo decir que hay ministros que participaron en asesinatos y no pasaron por la Justicia el día después de (Maximiliano) Kosteki y (Darío) Santillán”.

Cuestionó especialmente al canciller Felipe Solá: “Si hacés una limpieza, tenés que meter preso a medio gabinete, uno es Felipe Solá; no digo de este presidente que haya medio gabinete, pero de otros mandatarios y gobiernos sí”, señaló. Taty Almeida fue más lejos, porque consideró que era Solá quien debería estar preso. Aniversario. El 26 de junio fue un nuevo aniversario del asesinato por la policía de los militantes Kosteki y Santillán, que Cortiñas recuerda. Desde 2002, esa doble muerte pone en escena las deudas pendientes que la Justicia no ha saldado o ha creído saldar buscando solamente a los responsables materiales directos. Una difícil pregunta queda abierta: ¿hasta dónde se extiende la responsabilidad de un funcionario? Duhalde era presidente y Felipe Solá gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando la policía mató a Kosteki y Santillán. Con la presunción de que la responsabilidad llega hasta ellos, todavía hoy se debería pedir alguna forma de juicio y castigo. Las organizaciones de derechos humanos sostienen que esa responsabilidad no se limita a los ejecutores, sino que llega mucho más lejos. La actualidad estadounidense ofrece un punto de referencia para una hipotética comparación. George Floyd murió por asfixia y paro pulmonar, mientras un policía le enterraba la rodilla en el cuello durante más de ocho minutos. En Mineápolis ya se ha presentado el cargo contra tres policías por complicidad en el homicidio, dos de ellos portadores de anteriores acusaciones de violencia. “Todos ayudaron e instigaron, según tomó en cuenta la Justicia. El fiscal de la causa admite que una condena será difícil”. Pero no se puso en marcha una acusación periodística o judicial contra el gobernador de Mineápolis ni contra el presidente de la república. Valieron las jurisdicciones. Washington. Hubo grandes manifestaciones frente a la Casa Blanca. Pidieron que terminara la violencia policial especialmente dirigida contra las minorías. Grupos pequeños exigían la renuncia de Trump, que no les ahorró agresiones en Twitter: si hubieran llegado hasta las puertas de la Casa Blanca, habrían sido “recibidos por los perros más feroces y las armas más mortales. En tal caso, la gente habría resultado realmente lastimada. Muchos agentes del servicio secreto estaban preparados y listos para la acción”. Estilo Trump de pura cepa.

Algo es evidente. No se necesitan encuestas para apostar que una mayoría de los manifestantes ante la Casa Blanca son también opositores a Trump. Quizás lo hayan votado, pero es probable que en las elecciones de noviembre no repitan aquel voto. Sin embargo, las manifestaciones no acentuaron el nexo entre los responsables directos de la muerte de Floyd y las autoridades nacionales y estaduales. La pregunta es por qué una conexión de este alcance se dibuja tan velozmente en Argentina. Tengo una sola respuesta, que pertenece a nuestro pasado de los años 70. La dictadura fue responsable de las órdenes, pero sus jefes intermedios y menores también fueron responsables de los excesos cometidos y de lo que se llamó la obediencia debida, cuya protección se derogó más tarde para que la limpieza en las filas militares no se redujera solamente a los altos mandos. La dictadura fue una situación de excepción que requirió de los jueces medidas que no solo castigaran a los culpables sino que demostraran que nada igual podría repetirse en este país. Estábamos en una etapa fundacional. Trump puede ser el peor presidente del siglo, como piensan sus opositores, pero no es una excepción, sino un caso límite. La fuerza de las instituciones impide que se transforme en jefe de un régimen autoritario. Pero está bajo la amenaza del juicio político, para el que los votos republicanos en el Senado son, todavía, un obstáculo. En Estados Unidos, la muerte de Floyd no es un hecho de excepción, sino uno más en la secular serie de víctimas. No se trató, como fue el caso de la dictadura argentina, de una etapa distinta y peor que todas las anteriores. Los asesinatos protagonizados por policías no son considerados un hecho único que marca ese punto de la historia para siempre, sino una “desgracia” en medio de una represión extralimitada que protagonizan policías que irán a parar a la cárcel. En ellos se cortará la línea de responsabilidades, aunque se sigan examinando las instrucciones recibidas de sus superiores y las tácticas aplicadas, para evitar esa misma situación en el futuro. Últimas instancias locales. La diferencia argentina proviene del Juicio a las Juntas, donde no se quiso probar solo la intervención directa de oficiales intermedios sino la responsabilidad insalvable de los jefes máximos al dar las órdenes de aniquilamiento. Diferencias tan evidentes explican por qué no son tan numerosos los norteamericanos que piden la renuncia de Trump, aunque cuestionen su gobierno, su figura y su estilo. En Estados Unidos, el presidente es realmente una última instancia de mando y de responsabilidad. En Argentina, esa última instancia presidencial está siempre muy cerca de los hechos que se cuestionan y del capítulo de la historia con el que se elige compararlos. Por una prerrogativa que obtuvo con su militancia durante la dictadura, Bonafini todavía se reserva el derecho de juzgar los actos del Presidente a la luz de esa historia, y examinar pasado y presente de sus invitados como actividad de la policía ideológica. Sin embargo, Bonafini acompaña a Cristina Kirchner, como si la vicepresidenta tuviera, desde 1976, una trayectoria de lucha por los muertos y desaparecidos, que no ha sido probada nunca. Si Bonafini quiere ocuparse de las responsabilidades pasadas, allí la tiene a Cristina enriqueciéndose como abogada exitosa en Santa Cruz, con un estudio fundado en 1976, año de comienzo de la dictadura, que le permitió ejercer la profesión holgadamente, mientras desapariciones, cárceles y muertes fueron el destino de quienes siguieron militando en La Plata, donde ella había realizado sus estudios. A nadie puede acusársele de abandonar La Plata en 1976, porque la ciudad era verdaderamente un infierno de cárceles y muertes. Cristina se fue bien lejos, opción que tuvo la suerte de tomar a tiempo. No fue una heroína, pero a nadie puede reprochársele que no lo sea. Bonafini, que no tiene nada que decir sobre esta historia del linaje Kirchner, acusa a otros que responderían al Grupo Clarín y a Techint. El pasado no es pasado para nadie, ya que, en cualquier momento, por cualquier disenso, vuela el carpetazo. Mi carpetazo sería una recopilación de los extremos de odio e incomprensión a los que llegó Bonafini en las últimas décadas. Pero lo pienso mejor y decido no citar tantas brutalidades. Nadie está autorizado a la guerra discursiva por haber padecido persecuciones.

Voces alarmadas piden sensatez. Agustín Rossi y Andrés Larroque exhortan a bajar el volumen. Alberto Fernández habló el pasado viernes con serenidad dramática. Pero no alcanza, porque los gritos de Bonafini le gustan a Cristina, nuestra estrella en Twitter, que es una nube sobre el desdichado Alberto. Los votos que aportó decidieron su elección y serán su deuda, salvo que el Presidente construya una base política propia. Es difícil. De todos modos, no es posible descartarlo, ya que ocupa el lugar donde otros realizaron esa acumulación política con el arma afilada de su lapicera. Basta repasar el caso de Néstor Kirchner. Alberto Fernández estaba allí, en la oficina contigua. Cristina sabe que la verdad es una construcción. Por eso, ahora se ocupa de reemplazar al procurador general, que, como se sabe, es el jefe de todos los fiscales. Esa movida conviene a los intereses de la vicepresidente. El nuevo procurador general deberá indicar a los fiscales que frenen los procesos que puedan molestarla.

 

*Artículo publicado en Perfil.com