Opiniones Nacionales

Los “juristas confesionales” y el aborto (Por Juan Marco Vaggione y Mariela Puga)

Por Juan Marco Vaggione* y Mariela Puga**

El debate social y parlamentario sobre la legalización del aborto para las mujeres y cuerpos gestantes evidenció, entre otras cosas, la identificación con lo religioso de la mayoría de aquellos que públicamente se movilizan en contra. Esta identificación en algunos casos es directa y manifiesta, a través de la presencia de sacerdotes y pastores o de la apelación a los textos y doctrinas religiosas. En otros casos está mediada. Se trata de científicos y profesores que representan a centros académicos dependientes de la Iglesia Católica, de intelectuales y expertos que son asesores del Vaticano, o de ciudadanos vinculados a organizaciones de la sociedad civil que tienen como propósito defender la moral religiosa.

Dentro de esta identificación mediada emerge nítidamente de lo que podemos llamar “juristas confesionales” quienes tienen por objetivo “defender la fe” y, particularmente desde mediados de los 90s, se oponen sistemáticamente a los derechos sexuales y reproductivos. En Argentina desde hace tiempo venimos observando el accionar de estos juristas. Su acción se ha naturalizado de tal forma en la construcción del campo jurídico argentino, que hoy no resulta sencillo rastrear los eventos claves de su incidencia, o distinguir a sus operadores de otros juristas no confesionales. Sin embargo, hay al menos dos rasgos que sirven para caracterizarlos:

En primer lugar, estos juristas se auto-atribuyen la defensa de la familia y de la vida, cuando lo que en realidad están defendiendo es una moral sexual ligada a la reproducción. Así, apelan a valores jurídicos, presuponiendo dogmáticamente que esos valores (familia, vida) sólo admiten su lectura en clave de moral sexual conservadora. Esto es fácil advertirlo en los debates actuales, dado que los que ayer se activaron contra las reformas vinculadas al régimen matrimonial, a la ley de salud sexual y procreación responsable, a la implementación de la educación sexual integral y los derechos de las personas LGBTI, son los mismos que hoy se oponen a reformar la regulación del aborto. De manera tal que se sitúan en el lugar paradójico de disimular los años (incluso décadas) en lo que ellos mismos han dificultado (sino imposibilitado) la existencia de las soluciones que hoy proponen para evitar al aborto: educación sexual, acceso a anticonceptivos, campañas de educación.

En similar clave, esta semana pudo verse cómo juristas confesionales que por décadas consideraban al aborto como el peor delito, hoy, ante el corrimiento en la opinión pública, parecen entender finalmente la violencia que existe en castigar a una mujer que aborta, y aceptan su despenalización, con el único objetivo de plantar bandera contra la legalización. Despenalización que, de todos modos, continúa sometiendo a la precariedad y al riesgo de vida a las personas que abortan.

En segundo lugar, si bien se trata de juristas que argumentan desde/con el derecho, sus argumentaciones reflejan con nitidez el dogmatismo de los sectores religiosos con los que se identifican. El jurista confesional entiende que no hay discusión sobre el comienzo de la vida, no hay duda acerca de que la mujer embarazada “es una madre”, y que el embrión es “una persona”. No importa cuanta literatura científica se le oponga con argumentos disímiles, no importa cuántos millones de mujeres aborten, ni importa cuánto argumento moral disímil los desafíe. Esos dogmas se repiten incólumes y se erigen como lo “fuera de debate”, como si la duda al respecto significara la duda acerca de la existencia de Dios o de su creación, como si les perteneciera el monopolio sobre el significado de la noción de vida, madre y persona.

De esta forma trasladan el dogmatismo religioso a la forma en que instrumentalizan el derecho en la justificación de su posicionamiento contra el aborto. Trazan fronteras inflexibles e incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la naturaleza (la naturaleza del matrimonio, la naturaleza de la sexualidad, la naturaleza de la familia, la naturaleza de la madre), como inmutables, universales, e irrefutables.

Este rasgo también aparece claramente entre los juristas que se pronuncian por la inconstitucionalidad de la legalización del aborto. Le hacen decir a la constitución lo mismo que dicen sus biblias: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la mujer en cuanto madre tiene una sola conducta debida/moral: procrear. Y repiten esas pseudo interpretaciones de la constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, les parece imposible repensarlas. Así ignoran las discusiones de la convención constitucional de 1994, a las interpretaciones de los organismos internacionales en relación a la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la “verdad auto-evidente” que pronuncian con exaltación axiomática.

La complejidad del debate actual sobre el aborto implica asumir que no se lo puede resolver a través de dogmas o de verdades consideradas irrefutables, sino con verdades parciales y diálogo continuo. Quizá sea el momento para que los juristas confesionales se tomen en serio la heterogeneidad y el pluralismo de nuestra sociedad. Que consideren dignamente a los líderes religiosos en favor del aborto, a las mujeres creyentes que interrumpen sus embarazos sin culpa, o a los efectores-as de salud que entienden, desde sus creencias, la importancia de la ley en debate. Que ponderen incluso, al porcentaje mayoritario de fieles que hace años ya acompañan la legalización del aborto. Mientras tanto va quedando en evidencia la forma en que enmascaran su dogmatismo con un discurso legal que, al defenderse cómo único e inamovible, enturbia el debate democrático que iniciamos.

*Abogado, Doctor en Sociología, Investigador de CONICET

**Abogada, Doctora en Derecho Constitucional, Investigadora de CONICET