Opiniones Provinciales

Los tarifazos reacomodan las fichas del tablero oficialista

Por Pedro Lacour*

La polémica generada por el aumento de tarifas de servicios públicos creció hasta convertirse en una crisis política de relativa magnitud para la Casa Rosada. Al igual que en 2016, la oposición toda se abroqueló detrás del reclamo para evitar que Mauricio Macri, a través su ministro de Energía, Juan José Aranguren, aplique un nuevo golpe a los alicaídos bolsillos de los asalariados. Pero esta vez la discusión tuvo un condimento especial: los reparos puestos por sectores de la propia alianza gobernante. Encabezadas por la diputada Elisa Carrió y el flamante titular de la UCR a nivel nacional, el mendocino Alfredo Cornejo, las críticas hacia la política tarifaria no hicieron otra cosa que echar más leña al fuego de la interna oficialista.

El campo de batalla fue nuevamente el Congreso. Luego del inesperado pedido de informe presentado por Carrió el lunes pasado, la oposición convocó a una sesión especial para el miércoles en la Cámara de Diputados. El objetivo era de tratar iniciativas que frenen la suba de tarifas anunciada en marzo por el ministro Aranguren. No obstante, el debate no pudo ser: una maniobra del salteño Alfredo Olmedo evitó que se llegase al quorum y todo terminó en escándalo. La propia Carrió había convocado a una nueva sesión para esa misma tarde, pero decidió bajarla y acordar con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, una reunión tripartita para el día siguiente.

Son tres los motivos que exponen desde el círculo que rodea a la líder de la Coalición Cívica para explicar su posición ante los tarifazos: el malestar social creciente y la posibilidad de su agravamiento durante el invierno; la falta de recepción de los planteos que, según indican, ya se habían hecho puertas adentro de Cambiemos, tanto de parte suya como de los socios radicales, y las sospechas, más que fundadas, de que el Gobierno realiza los aumentos para favorecer a empresarios amigos del Presidente. Entre ellos, estaría un blanco histórico de los disparos de la chaqueña: Nicolás “Nicky” Caputo, el “otro yo” de Macri y uno de los principales accionista de Edesur. A contrapelo de las especulaciones que pueden hacerse, Carrió asegura que su intransigencia nada tiene que ver, sin embargo, con la tregua que el Gobierno firmó semanas atrás con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a quien ella quiere enjuiciar políticamente y que acusa hasta de conspirar para hacerse con el sillón de Rivadavia.

Los radicales, por su parte, aprovecharon el río revuelto para hacer escuchar su voz y sacar alguna tajada. Eternos disconformes, le reclaman a Macri poder tener mayor protagonismo en las decisiones de Cambiemos. Con el 2019 vislumbrándose en el horizonte, los herederos de Alfonsín consideran que poner el tema sobre la mesa resulta estratégico. La nueva conducción de Cornejo los revitalizó y sueñan con poner un candidato a vicepresidente. En el núcleo duro del PRO lo piensan, pero no deja de ser algo inconfesable públicamente: para ellos, al igual que el PJ, el radicalismo no deja de formar parte de la “vieja política” que debe ser superada. Es ese olor a naftalina el que, en términos macristas, le impediría a la UCR plegarse sin reparos a la “normalización” que la economía necesita y que tiene en la reducción de subsidios uno de sus capítulos centrales.

El acuerdo de paz sellado por el ministro Aranguren con el radicalismo y los enviados de Carrió, consistió en permitir que las boletas de gas del invierno se paguen en cuotas y con intereses, incluyendo una eliminación de los límites a la tarifa social, con la condición de que el costo fiscal lo cubran las provincias. Así, los aumentos no se tocan ni se postergan, sólo se le agregan planes de pago. Una pretendida solución que, a fin de cuentas, no hace más que profundizar el problema. Y que, con la excepción de María Eugenia Vidal, que ya se anotó para colaborar, no todos los gobernadores seguirían. “Se ratifica la tarifa social de gas y las limitaciones se suspenden por dos meses, a partir del 1 de mayo, dando lugar a una campaña para uso racional de gas, en las provincias que acepten compartir el costo”, explicó el jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, al término del encuentro del jueves pasado en la Casa Rosada. Este lunes tendrá lugar una reunión “de urgencia” del Consejo que reúne a los ministros y secretarios provinciales del sector energético para terminar de definir posibles acuerdos. Un fin de semana sin descanso para el teléfono de Rogelio Frigerio.

En la oposición no tardaron en salir a rechazar la contrapropuesta tarifaria del Gobierno. Mientras desde el kirchnerismo continuan proponiendo congelar y retrotraer las tarifas, el massismo y el Bloque Justicialista presentarán conjuntamente un proyecto para indexar su precio a la variación de los salarios. “Este es un gobierno usurero”, tituló un comunicado la diputada Graciela Camaño. “No tenemos por qué convertir a los usuarios en deudores de empresas que no hicieron ningún esfuerzo y fueron cómplices de la situación de colapso energético en la que se encuentra el país, porque eso es lo que propone el gobierno ahora”, completó quien lidera la bancada massista en la Cámara baja. El primer round será el martes en un plenario de las comisiones de Obras Públicas y de Defensa de Consumidor, presididas por el justicialista Sergio Ziliotto y Marcela Passo  del Frente Renovador. El oficialismo sabe que, tarde o temprano, no podrá evitar que la discusión vuelva al recinto.

Arcas llenas , bolsillos vacíos

Según un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda difundido por La Política Online, el peso de los servicios públicos sobre el salario mínimo en la Argentina pasó de representar el 6% en 2015 al 21% en 2018, colocándose en el podio de las naciones con energía más cara de América Latina. En línea con estos números se ubican los datos de la consultora Kantar Worldpanel, que muestran que los sectores de bajos recursos (“bajo superior” y “bajo inferior”) destinan el 5% de sus ingresos al pago de transporte y el 14% hacia los gastos de luz, gas y agua corriente, lo que deriva en un 19% para el total de ambos ítems. De esta manera, los argentinos se ubican como los terceros que más gastan en tarifas públicas en la región en relación a sus salarios, solo por detrás de Chile (23%) y Venezuela (33%).

Si bien los especialistas coinciden en que las variables explicativas son multicausales, se destaca un elemento central: la decisión de Aranguren de aumentar el precio del gas de boca de pozo, que compone alrededor del 70% de la tarifa. Es el resultado de negociaciones del Gobierno con las petroleras en donde, a cambio de un precio mayor, también tiene que existir un compromiso de reinversión de las ganancias y de incremento de la producción por parte de las empresas. Hoy el costo del millón de BTU está a 5,5 dólares y el Ministerio de Energía tiene previsto llevarlo a 6,38 dólares para octubre de 2019. Una vez que se fija el precio, aparece otra decisión distinta, de profundo carácter político: quién paga el precio de la importación y de los incentivos para que las empresas inviertan. El actual esquema tarifario transfiere los costos, tanto del gas nacional como del gas importado, directamente a los usuarios.

¿Es posible determinar el precio tarifario de los servicios públicos sin abrir los libros de las empresas, ignorando cuál es su estructura de costos real? Lo cierto es que las tarifas de gas en Argentina están dolarizadas. Lo que significa que, más allá de lo que se decida desde el Ejecutivo, su precio aumenta junto con el tipo de cambio, que nadie sabe a ciencia cierta cómo se seguirá comportando en el futuro. Además, a través de su política tarifaria, el Gobierno pretende igualar el precio que se les paga a los productores locales al precio internacional. Es el denominado import parity. Este esquema presenta, en principio, dos graves problemas. Uno es que una parte importante del gas se produce en Argentina a costo argentino, lo que asegura exorbitantes excedentes para las petroleras. Y, el otro, que ni los ingresos de los trabajadores ni los de las PYME son en dólares, algo que por más obvio que parezca no puede dejar de remarcarse. “De aquí en adelante no habrá necesidad de adecuar el costo debido al atraso que tenía el mismo, sino que el incremento que venga semestre a semestre estará vinculado exclusivamente a la evolución del índice de precios mayoristas (IPIM), al costo promedio de producción y al tipo de cambio vigente”, afirmó Aranguren, en marzo pasado, al anunciar subas de hasta 40% en las facturas.

En su fallo de agosto de 2016, la Corte Suprema estableció que los ajustes tarifarios deben estar dotados de “transparencia, certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”. “Las tarifas y los servicios básicos tienen un costo y ese costo por supuesto que hay que pagarlo. Estábamos con tarifas muy lejanas a ese costo y por eso tenemos que hacerlo de manera gradual”, manifestó el ministro Frigerio en declaraciones a El Tribuno de Salta, abriendo una incógnita alrededor de si los aumentos terminaron o de si, en realidad, continuarán. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que había iniciado los reclamos hace dos años, presentó la semana pasada un pedido de nulidad en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de La Plata, alegando que las nuevas tarifas no son “progresivas” ni “graduales”. ¿Emigrará la pelea del Congreso a los tribunales?

Desde un primer momento, Cambiemos tomó la decisión política de trasladar el peso de los costos de las privatizadas a los consumidores, instalando la idea de que los pésimos servicios brindados se vinculaban con el bajo precio que abonaban los usuarios. Ese argumento suele ignorar un detalle: durante la década kirchnerista, mientras no se les demandaba contraprestación alguna, esas mismas empresas lograron abultar sus bolsillos gracias a los millonarios subsidios que les eran girados desde el Estado. Hoy, sin exigencias de llevar adelante un plan de inversiones, ni de sostener un determinado nivel de actividad, son ellas las beneficiarias directas de los tarifazos. Las verdaderas ganadoras del modelo macrista

*Sociólogo del staff de MISIONES OPINA en Buenos Aires