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Justicia y política, una relación al rojo vivo

Por Pedro Lacour*

Todas las miradas se encuentran posadas por estas horas sobre un tópico recurrente de la historia argentina reciente: el estrecho vínculo de la política con el mundo de la Justicia. No solo por la controvertida decisión de intervenir el consejo nacional del Partido Justicialista (PJ), dispuesta con fundamentos más cercanos al periodismo que al derecho por la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría. También por el escándalo en torno a la filtración de escuchas telefónicas, que hace un año tiene como principal afectada a la ex presidenta Cristina Kirchner y que fueran recolectadas por el Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones, desde 2016 bajo jurisdicción de la Corte Suprema.

La coyuntura nacional no ahorra en ribetes novelescos. La medida judicial dictada por Servini sobre el principal partido político de la oposición cayó como una bomba en el ya de por sí campo minado del peronismo. Además del inentendible hecho de designar como “normalizador” al gastronómico Luis Barrionuevo, la discrecionalidad de los argumentos de Servini no tienen desperdicio: según el fallo, la intervención al PJ estaría fundamentada en sus reiterados fracasos electorales. Y cita al mismísimo Perón para justificar la necesidad de anteponer la unidad a “la lucha”. “La jueza me eligió porque soy un verdadero peronista”, se despachó Barrionuevo frente a las puertas de Matheu 130. En la sede porteña del PJ nacional, su presidente, el sanjuanino José Luis Gioja, resistió todo lo que pudo hasta que se decidió conjuntamente entregar la llave. Gioja apeló la decisión judicial y convocó a un encuentro partidario para el próximo 18 de mayo.

El bloque se senadores peronistas que encabeza Miguel Ángel Pichetto se limitó a distribuir un comunicado lavado en el que rechazó la intromisión de la Justicia en la actividad partidaria, “más allá de las opiniones y valoraciones que cada uno pueda tener del desempeño de las autoridades del PJ Nacional”. Quien no se anduvo con rodeos fue el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, probable candidato presidencial del denominado peronismo racional, al mostrarse más que favorable a la medida. “Puede ser una oportunidad”, evaluó. Al igual que Urtubey, otro de los que se expresó en apoyo a la intervención judicial fue el misionero Ramón Puerta. Durante la conferencia de despedida del presidente español Mariano Rajoy, el actual embajador consideró que “es importante que el PJ vuelva a manos peronistas”. Y confrontó directamente con el kirchnerismo: “No quiero tener okupas en mi casa”.

No es la primera vez que Servini ordena intervenir el PJ. La misma determinación había tomado en 2005, durante la pelea protagonizada por Cristina Kirchner e Hilda “Chiche” Duhalde que terminó dirimiéndose en las urnas a favor de la por entonces senadora. Fue el golpe final que le permitió al kirchnerismo hacerse con el aparato partidario, hasta entonces monopolizado por el duhaldismo. En los últimos tiempos, sin ir más lejos, Eduardo Duhalde expresó en reiteradas oportunidades el deseo de ser él quien se ponga al frente de una intervención del PJ, imaginándola como un posible trampolín para volver a los primeros planos. Aunque, apenas conocida la noticia, el ex presidente provisional no tardó en salir a solidarizarse con Gioja. Un doble juego que demuestra que las mañas de Duhalde se encuentran aún intactas.

La onda expansiva del desopilante fallo llegó hasta los despachos de la Casa Rosada. En el peronismo creen queServini está presionada para hacer las cosas que le reclaman los operadores del oficialismo.“Esto yo no lo he vivido con ningún gobierno. Estos no dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca. Porque en el caso del Yomagate no fue así. Fue de otra forma más elegante y nadie me vino a pedir la renuncia”, había denunciado la jueza ante la prensa en diciembre de 2016. Ese antecedente hace quelas sospechas de los peronistasse acrecienten. Y señalan al operador radical Enrique “Coti” Nosiglia como la mano negra detrás de la maniobra de la intervención. El “Coti” supo tejer buenos lazos con Barrionuevo durante los años de la Alianza, cuando ambos compartieron intereses en torno a prestadoras de salud ligadas al PAMI, por ese entonces intervenido.

Lo cierto es que la hipótesis conspirativa no resulta del todo inverosímil. En los pasillos de Comodoro Py, Servini cosecha fama de eterna amiga del poder de turno. Es algo en lo que, en verdad, no difiere demasiado del resto de sus colegas del fuero federal porteño. Pero su rol al frente de la Justicia electoral convierte a la titular del Juzgado Federal Nº 1 en una figura con mayor poder de fuego a la hora de inmiscuirse en el juego político. Amante del protagonismo, hay quienes afirman que no hay nada que disfrute más que ponerse en el lugar de mediadora de conflictos. Y que, si estos no existen, hasta es capaz de generarlos ella misma.

Pero la exposición mediática que adquiere hoy la octogenaria jueza federal no se limita a su intrusión en la interna peronista. Servini supo estar inmersa en otra trama que volvió a crecer en tensión en las últimas semanas. Tiene que ver con la estridente reaparición pública de Elisa Carrió, cuyas recientes denuncias tienen en la mira a uno de sus blancos predilectos: el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Carrió y Servini actuaron en tándem cuando, en abril del año pasado, la jueza acusó al magistrado de operar en su contray la diputada de la Coalición Cívica presentó un pedido de juicio político contra el jefe cortesano. Es una denuncia que la chaqueña amplió este lunes ante el Congreso y que promete generar mayores chispazos puertas adentro de la alianza gobernante.

El disparador fue la extensa difusión en los medios de charlas privadas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Esos audios habían sido ordenados por el juez Ariel Lijo y ejecutados por la nueva oficina de escuchas a cargo de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, ambos muy cercanos a Lorenzetti. El sistema de intervenciones judiciales en teléfonos y correos electrónicos es una dependencia que, mediante un decreto presidencial de fines de 2015, Mauricio Macri trasladó del Ministerio Público Fiscal a la órbita de la Corte Suprema, sacándola así del control de la denostada ex procuradora Alejandra GilsCarbó, que dejó su cargo en diciembre pasado tras presiones constantes por parte del oficialismo.

De esta manera, mientras la ex presidenta le atribuye a Lorenzetti la culpa de la propagación de sus conversaciones, Carrió lo acusa de montar una estructura de inteligencia paralela en la actual Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). El texto presentado por la diputada contra quien se desempeña como la cabeza del Poder Judicial posee un apartado titulado “Oficina de Captaciones Judiciales: la oportunidad que aprovechó Lorenzetti para generar su servicio de inteligencia”, en donde retoma las objeciones realizadas por la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) al momento de ocurrido el traspaso de la ex Ojota al ámbito Corte Suprema. Además, entre otros puntos, Carrió señala que se duplicó el personal del organismo debido al ingreso de hijos de jueces, camaristas y fiscales.

La turbulencia de la tormenta desatada por Carrió comenzó a sentirse con fuerza en el Congreso. La semana pasada, el Senado habilitó el tratamiento de un proyecto para regular el sistema de escuchas, queya obtuvo dictamen favorable en comisión y podría contar con media sanción el miércoles próximo.Con la firma del salteño Rodolfo Urtubey, la presentación fue realizada por la bancada que comanda Pichetto, en un intento exprés por dar señales de actividad. Aunque en los hechos, como apunta la ICCSI en un comunicado, la iniciativa no haga más que profundizar en la confusión existente entre las escuchas de investigación y las de inteligencia, sumándole también la eliminación de ciertas disposiciones legales que, de aprobarse, podrían significar un “cheque en blanco” para que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realice “pinchaduras” sin tope de tiempo. “El proyecto formaliza un organismo que no fue creado por ley, la DAJuDeCO, al que la Corte ha dado facultades para la investigación y el análisis de información de inteligencia, avanzando sobre competencias propias del Ministerio Público Fiscal. En un sistema republicano y bajo un modelo acusatorio no es admisible que el Poder Judicial sea juez y parte al mismo tiempo”, indica el documento.

Pese a todo, Lorenzetti está tranquilo: sabe que la mesa chica de Cambiemos no apoya la explosiva moción de Carrió para removerlo de sus funciones como presidente de la Corte. Muestra de ello fueron las insólitas felicitaciones que, durante la ceremonia diplomática entre Macri y Rajoy, Patricia Bullrich le extendiera por los buenos resultados de la oficina de escuchas. Como también que, en un gesto no menor,el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pactaran una reunióncon los miembros de la Corte este lunes por la tarde en el Palacio de Tribunales. La excusa es acordar un plan de reformas para el Poder Judicial. “Se tratará la agenda planteada por el Presidente en materia judicial, no hay intención de tocar otros temas”, confió a MISIONES OPINA un allegado al entorno del ministro Garavano.

El funcionamiento del sistema judicial argentino se encuentra bajo la lupa. Sin embargo, pese a que Macri busque mostrarse preocupado por su falta de transparencia, el statu quo de Comodoro Py no parece correr demasiado peligro. Desde Perú, donde participó de la Cumbre de las Américas, el Presidente pidió que los temas ligados a la corrupción “tengan decisiones de fondo, y en un tiempo razonable”. El espejo brasileño incomoda.Más allá de no estar exenta de componentes arbitrarios, como lo demuestra la prisión floja de papeles del ex presidente Lula Da Silva, la operación Lava Jato puso tras las rejas a empresarios poderosos y dejó al descubierto un sofisticado mecanismo sobre el cual se sostenía gran parte de la vida política del Brasil. Una olla que, en la Argentina, está lejos de destaparse.

*Sociólogo, colaborador exclusivo de Misiones Opina en Buenos Aires