Antes de declarar ante el juez, Schiavoni aclaró su situación por Sueños Compartidos
Mediante un comunicado, el presidente del PRO a nivel nacional dio a conocer algunos detalles en los que explica la cita que tendrá en los próximos días ante el juez Martinez De Giorgi. En la misma manifiesta que fue citado a declarar al igual que otros dos ex funcionarios de la Ciudad, que se desempeñaron como Presidentes del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires: Omar Abboud, actual legislador de la Ciudad y Roberto Apelbaum. En la causa también están citados Maurice Closs y “Pelito” Escobar.
A modo de respuesta, Schiavoni declaró que la citación comprende a todos los funcionarios que tuvieron relación con dicha operatoria e incluye además de los funcionarios nacionales a Gobernadores, ministros, presidentes de los Institutos de Vivienda de las provincias. “En mi caso la citación obedece a mi desempeño como Presidente de la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad de Estado del Gobierno de la Ciudad que tenía, entre otras cosas a su cargo, la urbanización de las villas de emergencia de la zona sur de la Ciudad” se escudó quien hoy está a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá.
Ante esa coyuntura, Humberto Schiavoni manifestó que la Corporación estaba ligada con la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de tres contratos. Uno era la fábrica de las viviendas que había sido firmado por la gestión anterior y, luego, se procedió a disolverla. Otro contrato, también de la gestión anterior consistía en la construcción de 430 viviendas en el Barrio de Los Piletones. La última tiene que ver con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad que cedió a la Corporación un convenio para terminar viviendas en la Villa 15 con financiación de la Secretaria de Vivienda de la Nación en terrenos del Instituto.
“En ninguno de los casos tanto el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) como la Corporación pagaron trabajos sin la correspondiente certificación de las obras” aclara el manifiesto firmado por el presidente del PRO, que fue citado a indagatoria para el 2 de septiembre ante el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi.
La causa Sueños Compartidos
Además, el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi ordenó la citación a indagatoria de Julio De Vido, de su segundo ahora preso, de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini y a los hermanos Schoklender, entre otros 43 sospechosos.
La adjudicación directa de la construcción de viviendas sociales a la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue el motivo del inicio de la causa, luego del escándalo que se desató por la denuncia de Schoklender a esa entidad. El Gobierno había contratado a la firma Meldorek SA con presuntos sobreprecios. El juez agregó que días atrás se terminaron de auditar todas las obras bajo esa modalidad, incluyendo las que se realizaron en Chaco y en las de Río Negro.
Las citaciones corresponden a la causa iniciada en 2011, que en el último tiempo tuvo novedades. La Justicia pudo acreditar que se desviaron 206 millones de pesos destinados a Sueños Compartidos, asignados a la Fundación Madres Plaza de Mayo y dirigido por los Schoklender. Para ello no hubo una única modalidad, sino diferentes caminos, como el envío de dinero a empresas o el cambio por cheques en financieras y cooperativas. También la tarea de lavar ese dinero siguió diferentes caminos.
Según la resolución, “las notas apuntadas permiten reconstruir una hipótesis delictiva, según la cual Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de viviendas sociales”.
La investigación busca determinar si parte de esos fondos habrían sido “detraídos luego de su destino específico –con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado-, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas”.
